Mercados globales de carbono

En virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los países han creado mecanismos de mercado internacionales para ofrecer incentivos económicos a la reducción de emisiones en países que carecían de objetivo climático. La próxima generación de mercados mundiales de carbono se fundamenta en el Artículo 6 del Acuerdo de París.

El mercado mundial de carbono más grande es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU, que se estableció en virtud del Protocolo de Kioto. La idea era que los países ricos podían financiar proyectos a favor del clima en países en desarrollo a fin de compensar la contaminación que los primeros seguían generando en sus propios territorios. El MDL tiene un sinfín de problemas: no ha reducido las emisiones a nivel mundial y los proyectos financiados se han relacionado con violaciones de derechos humanos y destrucción del medio ambiente.

A diferencia del Protocolo de Kioto, que solo requería reducciones de emisiones por parte de los países ricos, los mercados del Acuerdo de París deben funcionar en un mundo en el que todos los países contribuyan a alcanzar el objetivo general de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. 

Durante dos años consecutivos, los gobiernos han fracasado en el intento de alcanzar un acuerdo sobre las normas del Artículo 6. Entre los asuntos más polémicos figuran los siguientes: el traspaso al Acuerdo de París de antiguos créditos generados con el Protocolo de Kioto, cómo evitar que las reducciones de emisiones se tengan en cuenta en varios acuerdos climáticos y cómo garantizar que los mercados mundiales de carbono hagan más que compensar emisiones, que las reduzcan y que defiendan los derechos humanos.

Carbon Market Watch defiende que se eliminen los créditos antiguos del nuevo sistema y se introduzcan normas firmes para evitar la doble contabilización y hacer que los mercados de carbono reduzcan las emisiones a nivel mundial. Además, se necesitan garantías sólidas en el ámbito social y medioambiental para garantizar que todos los proyectos climáticos defiendan y promuevan los derechos humanos, protejan el medio ambiente y beneficien a las comunidades locales.