El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) se estableció en 2005 e incluye más de 11 000 instalaciones en todo el Espacio Económico Europeo, lo que abarca cerca del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Europa. El RCDE UE es un régimen de comercio con fijación previa de límites máximos, es decir, establece límites al total de gases de efecto invernadero que pueden emitir las empresas. Cada año se reducen los límites y las empresas reciben o compran derechos de emisión que pueden comercializar según lo necesiten.

Desde el principio, el RCDE UE ha tenido un excedente de derechos de emisión, lo que ha causado que los precios sean demasiado bajos para estimular una transformación a favor del clima.

Las principales causas por las que la señal sobre los precios es insuficiente han sido un objetivo general poco ambicioso, la crisis económica que empezó en 2008 y la entrada de créditos internacionales. Después de las medidas introducidas para limitar el exceso de oferta y del acuerdo sobre un objetivo climático más elevado en la UE para 2030, los precios alcanzaron nuevos récords en 2021. A pesar de haber empezado a ofrecer una señal significativa sobre los precios, el RCDE UE sigue estando en riesgo de sobreoferta y los precios aún no han alcanzado niveles compatibles con el Acuerdo de París.

La Reserva de Estabilidad del Mercado (REM) del RCDE UE absorbe el exceso de derechos del mercado y ha ayudado a controlar los excedentes pasados. No obstante, como ha demostrado la pandemia, actualmente el REM no es adecuado para controlar cambios súbitos ni excedentes futuros.

Además, las empresas que deberían pagar por la contaminación que generan obtienen beneficios del RCDE UE gracias a la concesión gratuita de derechos de emisión (véase el apartado «Descarbonización de la industria europea»).

El RCDE UE se va a revisar a partir de 2021 como parte del nuevo Pacto Verde de la UE. Carbon Market Watch pide una senda de reducción de las emisiones más pronunciada, que se refuerce la reserva de estabilidad del mercado y que se ponga fin a la concesión gratuita de permisos de contaminación.

Además, es necesaria una reducción puntual de los permisos para garantizar que los límites máximos reflejen mejor los niveles reales de emisiones. Todos los ingresos de las subastas generados a partir del RCDE UE deberían reservarse para impulsar más acciones climáticas, innovación industrial, una transición justa y para fondos internacionales para la lucha contra el cambio climático.