Si los demócratas llegan al poder en noviembre

Nuestro articulista invitado es Charles Komanoff, director y cofundador de la ONG estadounidense Carbon Tax Centre. De su mano exploraremos la política climática de Estados Unidos en vísperas de las elecciones presidenciales. Este artículo fue redactado en julio de 2020.

Como en 2016, los demócratas parecen estar listos para conquistar la Casa Blanca y quizás el Senado mientras conservan la mayoría en la Cámara de Representantes. Veamos qué supondría para la política climática y la tarificación del carbono una presidencia y un Congreso demócratas.

Pero antes, una advertencia: en 2016, un mes antes de la jornada electoral, ofrecíamos un pronóstico igual de esperanzador. En una publicación del 9 de octubre, The Political Meltdown That Could Save the Climate, dijimos que las grabaciones de Access Hollywood estaban llevando a republicanos escandalizados a abandonar a Trump. No sabíamos entonces que la campaña de Trump ya estaba preparando una serie de contraataques que culminarían en la catastrófica carta que James Comey, director del FBI, presentó al Congreso el 28 de octubre y que exponía los correos electrónicos de Hillary Clinton. Tampoco imaginábamos que los votantes de los estados bisagra a quienes no gustaba ninguno de los dos candidatos se alejarían tanto de Clinton, ni que el liderazgo aparentemente inexpugnable de esta se debía, en parte, a una infrarrepresentación en las encuestas del principal grupo demográfico de Trump: los votantes blancos sin estudios superiores.

Según el sitio web FiveThirtyEight, a mediados de julio Biden estaba acomodado en posiciones de liderazgo en los tres estados del cinturón industrial de Estados Unidos que inclinaron la balanza a favor de Trump en 2016.

Este año hay todavía más factores imprevisibles, como la posibilidad de intimidación e injerencia en las elecciones, la reticencia a acudir a votar a causa de la covid-19 y, por supuesto, el hecho de que Trump esté dispuesto a decir y hacer prácticamente cualquier cosa para mantenerse en el poder. Además, aún faltan tres semanas para las elecciones y eso «en política es una eternidad». No obstante, Biden parece estar en una posición más fuerte que Clinton hace cuatro años.

Mientras los demócratas se unen para apoyar a Biden, el trío de covid, crisis económica y rechazo a la supremacía blanca podría conducir a la derrota al actual presidente. En el momento de redactar este artículo (el 14 de julio), FivethirtyEight.com coloca a Biden 7 puntos por delante en los tres estados que en las elecciones de 2016 inclinaron la balanza a favor de Trump. En cuanto a las carreras para el Senado, aunque las encuestas no son tan favorables, los demócratas siguen teniendo ventaja en la mayoría de once de las carreras más competitivas; solo necesitan ganar en cinco para lograr la mayoría (cuatro si gana Biden).

Entonces, adoptemos la hipótesis optimista de que en las elecciones de noviembre sale derrotado el partido de la negación del cambio climático, de la desigualdad fiscal y del surgimiento del movimiento All Lives Matter. ¿Qué sucedería entonces con el clima y la tarificación del carbono?

Combatir la desigualdad y el cambio climático

David Leonhardt, columnista del New York Times, señaló las «dos características distintivas» de la agenda demócrata:

La primera es reducir la desigualdad a través de impuestos más altos para los ricos, más supervisión de las grandes empresas, nuevas iniciativas para reducir la injusticia racial y más inversiones y programas para la clase media y los pobres, como programas de atención sanitaria, educación y permisos remunerados. La segunda es actuar en relación con el cambio climático. (De It’s 2022. What Does Life Look Like?, 10 de julio; la cursiva es nuestra).

Esos dos elementos se solapan con los tres elementos fundamentales que estipulamos para el progreso climático en nuestra publicación de diciembre de 2019, A New Synthesis: Carbon Taxing, Wealth Taxing & A Green New Deal.

Leonhardt sostiene que si bien «[Joe] Biden no parece ser una personalidad que cambiará el curso de la historia –desde luego lo parece mucho menos que Barack Obama en su momento–, podría terminar presidiendo cambios políticos más amplios que los que se dieron durante el mandato de Obama, por razones ajenas en gran medida a cualquiera de los dos». Una de esas razones es que, a diferencia del comienzo de la presidencia de Obama, que coincidió con el avance de la crisis financiera de 2008, «hoy en día, los progresistas llevan años trabajando en los detalles de planes sobre el cambio climático, subidas de impuestos a los más ricos, política antimonopolio y más».

«Hay una visión completa que creo que ya está formada», dice la economista Heather Boushey, que dirige el Washington Center for Equitable Growth, de tendencia progresista, y a quien Leonhardt cita. «Y hay mucho más margen de actuación», añadió al comparar los diez meses, más o menos, que el equipo de Biden habrá tenido para establecer sus planes con los escasos dos meses que tuvo Obama.

El otro factor que, según Leonhardt, podría favorecer un gran cambio legislativo bajo el mandato de Biden es el enorme alcance de las crisis acontecidas durante las dos últimas décadas. Este período incluye «las dos crisis económicas más grandes desde la Gran Depresión, la peor pandemia desde hace más de un siglo y la elección de dos presidentes totalmente diferentes a los anteriores –y diametralmente opuestos entre sí–». También podría haber mencionado el alcance y la militancia de la resurgente izquierda estadounidense, que ha dejado claro que no tiene intención de rendirse ni moderarse en una supuesta presidencia de Biden –una perspectiva que inspira otro ensayo, más idealista, publicado por el New York Times junto al de Leonhardt: The Left Is Remaking Politics, de Amna A. Akbar, profesora de Derecho de la Ohio State University.

Normas, inversión, justicia: el Partido Demócrata empieza a converger en materia climática

A finales de mayo, David Roberts, escritor del sitio web Vox, publicó At last, a climate policy platform that can unite the left, una enorme entrada (de 6000 palabras) basada en los diez años que lleva cubriendo la política estadounidense en materia de energía y clima.

Robert sostiene, como dice el subtítulo de su entrada, que «las facciones de la coalición democrática han adoptado la misma posición en relación con el cambio climático». «Por primera vez –escribe– está surgiendo un amplio entendimiento en torno a una plataforma de política climática que es lo bastante ambiciosa para abordar el problema y que tiene suficiente fuerza política para unificar a todos los distintos grupos de intereses de la izquierda».

Roberts cita a Maggie Thomas, antigua ayudante de campaña de Jay Inslee y Elizabeth Warren y que ahora trabaja con el grupo de movilización para el clima Evergreen Action: «Todas esas personas que se presentaron como candidatas a la presidencia […] tenían una perspectiva más amplia sobre el clima al final de sus campañas que cuando empezaron». Después incluye epígrafes titulados «La neutralidad en carbono para 2050 es la nueva base de referencia», «Los republicanos no van a ayudar» y «La tarificación del carbono ha perdido su trono» (retomaremos esto más adelante), para finalmente revelar su sinopsis de esta nueva convergencia demócrata en torno al clima:

  • Normas: «la electricidad, los coches y los edificios en conjunto […] contribuyen a cerca de dos terceras partes de las emisiones de Estados Unidos. Toda acción climática agresiva de diez años debe ir dirigida a esos elementos, no de forma tangencial a través de la tarificación del carbono, sino directamente, a través de normas e incentivos de rendimiento específicos para el sector, con el fin de eliminar el carbono lo más rápidamente posible». Los detalles varían entre las distintas plataformas de los (antiguos) candidatos y programas de grupos de incidencia política, señala Roberts, «pero hay un elemento central común y sólido: normas e incentivos de rendimiento para los tres sectores que son los más grandes emisores con la finalidad de lograr un progreso rápido y amplio con respecto a las emisiones dentro de los próximos diez años, [con] el objetivo final de lograr un sector eléctrico sin emisiones de carbono que suministre energía a un parque móvil e inmobiliario electrificado y sin emisiones».
  • Inversión: la idea de «inversiones públicas a gran escala –dice Roberts– no es nueva, pero el momento concreto que se estaba viviendo (el creciente peligro del cambio climático, la ascendente influencia de la versión del socialismo democrático de Sanders, la necesidad acumulada de gasto público tras décadas de políticas de austeridad) hizo que tuviera más eco». «Las ideas de inversión abarcan muchas áreas, como la electrificación rural, la banda ancha universal, las redes de alimentación eléctrica de larga distancia e infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos [aunque el transporte público no se menciona], pero todas ellas se concentran en el respaldo a las industrias, la fabricación y la investigación ecológicas y, sobre todo, en la creación de empleo».
  • Justicia: «para los sindicatos, los trabajadores del sector de combustibles fósiles y las comunidades que se encuentran en primera línea», según el resumen de Robert. «Dar prioridad a la justicia», algo que hace la nueva convergencia, «es el cambio más destacado en la estrategia y el pensamiento ecológicos de la última década», opina Robert. Y creo que tiene razón. Si bien el concepto de «justicia climática» se ha utilizado principalmente como elemento de reparación y protección para distritos electorales con poblaciones predominantemente indígenas o de color, ahora se ha ampliado para abarcar a los trabajadores de industrias obsoletas basadas en combustibles fósiles, las regiones afectadas por la extracción y transformación de recursos energéticos, y personas subempleadas.

 

¿Es la idea de «normas, inversión, justicia» compatible con la de «impuestos sobre el carbono y la riqueza para un nuevo Pacto Verde» de CTC?

El lema «normas, inversión, justicia» es creación de Robert, pero la idea que representa lleva circulando un año o más y ahora es tendencia. Es fácil entender por qué. Las normas de rendimiento están muy aceptadas en Estados Unidos, quizás no por voceros de Fox News pero sí por un enorme espectro de partes interesadas que van desde grupos medioambientales hasta fabricantes de aparatos. (El epígrafe sobre normas también incluye normas estatales para electricidad limpia a las que muchos atribuyen el cebado de las bombas de energía solar y eólica durante los últimos diez o veinte años). La inversión es un elemento de reciente repercusión por las razones que señala Roberts, aunque hay que destacar también a quienes proponen el Nuevo Pacto Verde, incluido el Sunrise Movement (el equivalente en Estados Unidos a Extinction Rebellion, de Europa) por sus constantes invocaciones a la presidencia de Roosevelt (sin las exclusiones racistas). La justicia, un ideal humano fundamental, se convierte aquí en un lema que une a dos facciones cruciales pero que, sin embargo, rara vez han sumado sus fuerzas en el ámbito político: la izquierda que lucha por la justicia medioambiental y el centro laborista más tradicional.

Así, «N, I, J» nos resultan entonces unas iniciales empoderadoras y vitales. Pero, ¿qué ocurre con la «T» de tarificación (del carbono)? Recordemos que Roberts la desestimó en su epígrafe «La tarificación del carbono ha perdido su trono». Esto es lo que dijo:

La tarificación del carbono, que durante mucho tiempo se ha considerado una parte indispensable de toda política climática seria, ya no ocupa una posición central en estos debates, ni siquiera una destacada. Para empezar, está la cuestión de la economía política: Subir los precios es impopular y subir los precios a un nivel suficiente y con la rapidez adecuada para alcanzar el objetivo de neutralidad en carbono para 2050 será un desafío político prácticamente insalvable. El régimen de comercio con fijación previa de límites máximos sigue teniendo muy mala reputación. Los impuestos al carbono nunca lograron el respaldo bipartidista que siempre prometieron sus promotores. En Estados Unidos, las políticas en materia de tarificación del carbono no parecen avanzar.

Roberts tiene razón en varios aspectos: la tarificación del carbono ya no ocupa una posición central en la política climática; subir los precios es una decisión política muy difícil; el régimen de comercio con límites máximos es tóxico; y los impuestos al carbono carecen de respaldo bipartidista desde la insurrección del Tea Pary en 2009 (las ocasionales Pequeñas concesiones de los republicanos en relación con simbólicos impuestos al carbono en realidad no cuentan).

Pero esta idea de que la tarificación del carbono por sí sola no puede conducirnos al objetivo de cero emisiones para 2050 es una falacia: hace mucho que ningún defensor reputado de la tarificación del carbono la propone como medida única. Más importante aún, la ausencia de apoyo bipartidista no debería impedir que los impuestos al carbono se aborden en un Congreso y una Casa Blanca demócratas, si ese es el resultado de las elecciones en noviembre. Con mayorías demócratas, y suponiendo que el nuevo Senado demócrata abola el filibusterismo, un impuesto importante a las emisiones de carbono –por ejemplo, uno que empiece por 15 o 20 dólares por tonelada de CO2 y aumente anualmente 15 dólares hasta llegar a 100 dólares por tonelada al cabo de siete años– debería poder ser aprobado en el Congreso y llegar a la Casa Blanca.

 

El plan climático de dos billones de dólares de Biden

En julio, el equipo de campaña de Biden dio a conocer su plan climático. El plan de Biden para construir una infraestructura moderna, sostenible y un futuro equitativo basado en la energía limpia invertiría dos billones de dólares durante los próximos cuatro años para crear infraestructura nueva, impulsar la energía limpia y ofrecer compensación y reparación a las comunidades que históricamente han sufrido daños ecológicos y sociales como consecuencia de la extracción y el uso de combustibles fósiles.

El plan de Biden parece incluir la reducción de las emisiones de carbono dentro de un marco más amplio de recuperación económica, renovación de la infraestructura, equidad racial y empleo (un marco adecuado teniendo en cuenta la depresión que ha envuelto a Estados Unidos como consecuencia de la pandemia de covid-19 y la falta de respuesta del gobierno de Trump, así como el despertar de muchos estadounidenses en relación con el daño persistente del racismo estructural).

El plan se anunció justo después de la publicación, el 9 de julio, de las recomendaciones políticas formuladas por el Grupo de Trabajo para la Unidad Biden-Sanders en relación con el cambio climático, que a su vez siguieron poco después de las recomendaciones del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la crisis climática. El informe de «mayoría» del Comité Selecto (de la Convención Demócrata), Solving the Climate Crisis: The Congressional Action Plan for a Clean Energy Economy and a Healthy and Just America, «hace un llamado al Congreso para construir una economía de energía limpia que valore a los trabajadores, se centre en la justicia medioambiental y sea capaz de hacer frente a los retos de la crisis climática».

Hemos leído la reseña sobre los siete elementos clave del Plan de Biden señalado arriba (por cierto, Leah Stokes, profesora de ciertas políticas de la University of California, Santa Barbara y experta en cambio climático tiene un excelente hilo en Twitter sobre esto) y no hemos visto ninguna mención, ni siquiera indirecta, a los impuestos al carbono ni a la tarificación del carbono de ningún tipo. Por otro lado, en otro apartado de la página sobre el clima de la campaña de Biden, Biden’s Year One Legislative Agenda on Climate Change, el lenguaje empleado sugiere el respaldo a la tarificación de las emisiones de carbono:

Este mecanismo de ejecución [para alcanzar el objetivo de neutralidad en carbono a más tardar en 2050] se basará en los principios de que los contaminantes deben asumir la totalidad de los costes de la contaminación causada por sus emisiones de carbono y de que nuestra economía debe lograr reducciones ambiciosas en las emisiones de todos los sectores, en vez de obligar a solo algunos de ellos a soportar la carga del cambio.

Dicho esto, el examen de diversas iteraciones de la plataforma sobre el clima de la campaña de Biden no parece ser algo particularmente útil. Sea cual sea la legislación en materia climática (y la acción ejecutiva) que surja de un gobierno de Biden y un congreso demócrata, probablemente esté determinada por las demandas del movimiento climático de este y el próximo año antes que por las declaraciones de campaña de Biden. Esto significa que quienes defienden los impuestos sobre el carbono deberían educar a otros activistas climáticos sobre la necesidad de ellos –y, por supuesto, promover un cambio electoral este verano y otoño– en vez de simplemente lamentar la ausencia de tributos al carbono en el actual discurso climático.

Damos la última palabra a David Leonhardt de The New York Times, cuya columna del 10 de julio nos sirvió para redactar este artículo:

«Si se puede extraer una lección de la política estadounidense actual es que el cambio puede suceder más rápido de lo que imaginábamos»