WATCH THIS! Boletín ONG #11: ”Hidroeléctrica Santa Rita: Una Historia de Dolor”

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La hidroeléctrica Santa Rita ha violado los elementales derechos de los pueblos indígenas.  Apoyado por el Estado de Guatemala y con capital multinacional, acudiendo a la búsqueda de financiamiento en principales bancos de Suiza, Alemania, España, Holanda e incluso del Banco Mundial, en vez de general desarrollo para las comunidades Q’eqchi del Río Dolores, el proyecto ha traído sus condiciones iniciales, provocando muerte, miedo, desplazamiento, desalojo y represión en las comunidades locales. En el año 2009 las comunidades Q’eqchi de la región del Río Dolores, se enteraron de que en la región se iba a instalar una hidroeléctrica. Haciendo uso de sus derechos, enviaron comunicados, memoriales, solicitudes a las autoridades de gobierno de Guatemala (Alcalde, Gobernador y otros), pidiendo información, pero nunca les respondieron, al contrario la respuesta fue una constante violación a sus derechos.

La región de río Dolores se encuentra ubicada en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, con una población mayoritariamente Q’eqchi. Las comunidades presentan los problemas que aquejan a la mayor parte de la población indígena de Guatemala, manifestados en pobreza, falta de salud, alimentación, educación y de trabajo estable. Desde el año 2009, las comunidades comenzaron a escuchar de las intenciones de construir una hidroeléctrica en el rio Dolores, en la finca Xalaja.  Desde ese momento comenzaron a pedir información a las autoridades del lugar, pero nunca se les atendió. En el año 2010, las comunidades, en presencia de las autoridades del departamento, concluyeron que no querían dicha construcción. Pero esto no fue respetado, al contrario el Estado y la empresa han respondido con violencia y terror desde la muerte de los niños David y Ageo, hasta la represión del 14 al 17 de agosto del año 2014.

La noticia de la construcción y del incumplimiento de los derechos humanos generó división en las comunidades. Persecución, muerte, violencia, amenazas y otras formas de control social, en donde han participado no solo trabajadores de la empresa o policías nacionales, sino también los terratenientes del lugar, volvieron a llevar muerte y desolación en la región.

Miedo, desplazamiento así que una verdadera crisis humanitaria en la región, fueron los resultados de la represión de agosto en 2014. Mujeres embarazadas, criminalizadas, tuvieron que construir estrategias de sobrevivencia y de seguridad para poder dar a luz en condiciones más o menos humanas, porque en el hospital de Cobán se les impedía el acceso o si lo hacían, se les exigía que probaran de dónde venían.

Santa Rita

“Que tenemos que hacer para que ya no venga la policía a corrernos?”, decía un anciano indígena de 70 años. “Cómo es posible que nos quieran sacar de nuestras tierras, cuando nosotros las hemos comprado”, decía otro. “Las comunidades, no quieren a la hidroeléctrica ni al modelo de desarrollo, porque lo que ha llevado para ellos es solo miedo, dolor y lágrimas.  Nunca han podido ver mejoras en sus vidas y todo ha sido lo contrario.”

Hoy las comunidades demandan a los agentes de financiamiento para que no den recursos a los dueños de la empresa, porque están seguros que este dinero no ha servido para ayudar a las comunidades. Al contrario, ha servido para destruirlas. Los representantes locales se preguntan: “De dónde los comunitarios que están con la hidroeléctrica sacaron los recursos, para comprar las armas que tienen y así intimidar a las comunidades?”.

Las comunidades, por medio del  Consejo de Pueblos de Tezulutlán, han presentado quejas a los agentes de financiamientos como el Banco Mundial, FMO, DEG y recibieron recientemente la visita de la CAO, en donde expresaron que no se podían sentar a dialogar con una empresa que los ha reprimido. Una de las solicitudes que pidieron era de hablar con el Presidente, porque él, como responsable del Estado, tiene que informarles porque se han ensañado contra ellos.

Como decimos, la resistencia de las comunidades a este tipo de modelo de desarrollo extractivo va más allá que una disputa contra el modelo mismo, sino que es cuestión de dignidad. La tierra y el territorio para los pueblos indígenas son su dignidad y no consultarles para su utilización, es como si quisieran romperle su espíritu.

Kajkoj Máximo Abrahan Ba Tiul
Delegado de Relacionamiento Político

Consejo de Pueblos de Tezulutlán “Manuel Tot” – CPT
CPT Manuel Tot

El Consejo de Pueblos de Tezulutlán (CPT) es una organización de pueblos Mayas Q’eqchi’, Poqomchi y Achi, de los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz. La participación comunitaria comprometida dentro del CPT es amplia, por lo que su desarrollo político organizativo en defensa del territorio se nutre de la experiencia y aporte de personas que provienen de diversas experiencias. Organizaciones sociales indígenas y campesinas, académicos, cosmogonía maya y comunidades históricas toman parte al proceso de reivindicación del reconocimiento y del respeto a su tierra y territorio, como derechos económicos, políticos y culturales fundamentales para su desarrollo.


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