Carbon Market Watch

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Comunicado de Prensa: Organizaciones de la sociedad civil llaman a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a investigar un proyecto de compensación de carbono

28 Oct 2014

28 de octubre 2014, Bruselas, Ciudad de Guatemala. Este mes, organizaciones de la sociedad civil de Guatemala e internacionales han pedido apoyo a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para comunidades indígenas que viven bajo amenazas fuertes e inmediatas por parte de la represa hidroeléctrica Santa Rita en Guatemala, que se registró bajo el esquema de compensación de carbono de la ONU en junio de 2014. Numerosas violaciones contra las comunidades indígenas Q’eqchi’ y Poqomchí han sido reportadas antes y desde la aprobación del proyecto, que han causado varias muertes y personas agraviadas.

La represa hidroeléctrica Santa Rita se encuentra en desarrollo en el río Icbolay, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, Guatemala. En los últimos años, la falta de consulta pública a las comunidades indígenas ha generado tensiones con los desarrolladores de proyecto y ha resultado en varias violaciones de derechos humanos, incluyendo la muerte de siete personas, entre ellas, dos niños de 11 y 13 años.

La Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) aprobó el proyecto en junio 2014, pese a las preocupaciones reiteradas y continúas cartas que proporcionan evidencia sobre la violación de los derechos a la consulta pública que es la medula de los Acuerdos de Paz de Guatemala sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Maximo Bá del Consejo de Pueblos de Tezulutlán comenta “La ONU tiene una doble moral: de un lado se promueven los derechos humanos y de los pueblos indígenas y por otro lado, se dan incentivos a los actores y proyectos que les violentan“.

En agosto de 2014, una operación represiva con más de 1.500 agentes de la policía se inició en contra de comunidades Q’eqchi’ de Cobán, Chisec y Raxruhá, que se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita y luchan por la nacionalización del sector eléctrico. Se soldó con el desmantelamiento de un bloqueo pacífico de unas 200 familias indígenas, el arresto 7 defensores de derechos humanos, así como más personas lesionadas y muertas.

El fondo de capital privado Latin Renewables Infrastructure Fund (LRIF) proporciona financiaciónpara la construcción dela Central HidroeléctricaSanta Rita. También son inversores del fondo: la Institución Financiera de Desarrollo Alemán (DEG), la Compañía Financiera Holandesa (FMO), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo Suizo de Inversión para Mercados Emergentes (SIFEM).

Estos bancos tienen la obligación de velar por que sus actividades protejan los derechos de las personas que se ven afectadas por sus proyectos de desarrollo — IFC y los bancos de desarrollo han claramente violado estos derechos y sus políticas de salvaguardia que se hicieron para evitar tales daños“, comentó Alyssa Johl del Centro de Derecho Ambiental Internacional.

El caso de Santa Rita es sólo uno de muchos proyectos en los que estos bancos han enfrentado retos con los conflictos entre las comunidades locales y los desarrolladores de proyectos. Debería estar en el interés de los bancos de impulsar políticas de salvaguardia armonizadas en las Naciones Unidas, incluyendo un compromiso sólido con organizaciones de la sociedad civil de los países donde la inversión es muy necesaria. Santa Rita es otra llamada de atención” dijo Anouk Franck de Both ENDS.

En un llamado a apoyar a los pueblos indígenas, 30 organizaciones de la sociedad civil han pedido a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a acercarse con urgencia al Gobierno de Guatemala, solicitándole información sobre los planes presentes y futuros de este proyecto, así como que las medidas adecuadas estén implementadas por el Gobierno para hacer frente a las graves amenazas que pesan sobre los pueblos indígenas afectados por el proyecto.

En un esfuerzo por evaluar los impactos del MDL y para hacer que el MDL sea “apto para el futuro”, un panel de alto nivel para el diálogo sobre las políticas del MDL elaboró recomendaciones, entre ellas el establecimiento de un mecanismo de quejas para que los actores locales signifiquen sus preocupaciones sociales y medioambientales y facilitar la resolución de problemas después del registro de un proyecto.

El proyecto Santa Rita muestra que las actuales normas del MDL en vigor no son suficientes para defender los derechos humanos. Después de dos años de inactividad, la Junta del MDL debe finalmente tomar la iniciativa en las próximas negociaciones de la CMNUCC en Lima y con urgencia aplicar salvaguardias, incluyendo un mecanismo de quejas robusta para las personas afectadas negativamente por los proyectos MDL“, agregó Eva Filzmoser, Directora de Carbon Market Watch.

FIN.

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Notas a los editores:

  • Comunicado de prensa en inglés y alemán
  • Carta a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz
  • Página web oficial de la ONU: Proyecto MDL 9713: Central Hidroeléctrica Santa Rita
  • Nota explicativa sobre cómo se han llevado a cabo las consultas sobre el proyecto – Consejo de Pueblos de Tezulutlán Manuel Tot
  • Información de la Campaña sobre la Central Hidroeléctrica Santa Rita – Carbon Market Watch
  • Informe del Panel del MDL para el Dialogo sobre sus Políticas, 2013
  • Puntos de vista sobre los cambios propuestos a las modalidades y procedimientos (M & Ps) para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) – Carbon Market Watch

Para más información comunicarse con:

Eva Filzmoser, Directora, Carbon Market Watch
eva.filzmoser@carbonmarketwatch.org
Tel: +32 499212081

Maximo, Representante, Consejo de Pueblos de Tezulutlán
ajpop2004@yahoo.es
Tel +502 43 59 14 21